DEBATE DE TOTALIDAD DE LA PROPUESTA DE REFORMA EAEX

DEBATE DE TOTALIDAD DE LA PROPUESTA DE REFORMA EAEX
Mi intervención fijando la posición del Grupo Socialista en el Congreso

Con un enlace a la web del CD
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Pleno Congreso, 17 noviembre 2009

Madrid, 16:00

Gracias.

Señorías, Señor Vicepresidente Tercero del Gobierno, Señor Presidente de Extremadura, señores portavoces de los grupos parlamentarios socialista y popular de la Asamblea de Extremadura, autoridades y representantes de la sociedad civil que hoy nos acompañan, quiero, en primer lugar, darles la bienvenida a esta Cámara y felicitar a los representantes del pueblo extremeño por el trabajo realizado y el consenso alcanzado. Y también deseo expresarles el honor que representa para mí, una extremeña, exponer en esta tribuna la posición del Grupo Socialista en el debate de totalidad de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.

Hoy es un día significativo para Extremadura, para sus ciudadanos y para sus instituciones. Pero también es un día importante para España porque constatamos que el proceso de reforma de los Estatutos iniciado en la pasada Legislatura avanza con paso firme consolidando la capacidad de nuestro modelo constitucional para adaptarse a nuevos retos y necesidades.

Y Extremadura colabora en este proceso presentando hoy una propuesta de reforma desde el consenso y desde la lealtad. Consenso y lealtad eran las peticiones que en la pasada Legislatura hacía el Presidente del Gobierno a los distintos territorios para contar con el apoyo del Partido Socialista a las propuestas de reforma: consenso suficiente y respeto formal y material al marco constitucional.

En un primer acercamiento al texto podemos decir que ambos requisitos se cumplen en la reforma estatutaria que hoy debatimos y explican el voto afirmativo por parte del grupo socialista a su toma en consideración.

Extremadura, por tanto, cumple. Pero sólo porque existe la convicción de que una propuesta de reforma que reúna estas características sirve al interés general y al interés de Extremadura. Dicho de otro forma. Esta propuesta que hoy debatimos refleja la necesidad de que los Estatutos sean de todos y para todos, que unan y no que dividan, que integren y no que excluyan.

Señorías, el punto de partida de lo que es el Estado autonómico español lo fijaron la Constitución de 1978 y los primeros Estatutos aprobados: un Estado en el que tan importante es el conjunto como las partes y un Estado que ha proporcionado a nuestro país no solamente estabilidad, progreso económico y bienestar social, sino también una nueva identidad nacional, produciendo una descentralización política jamás conocida hasta ahora en la historia de España.

Señorías, tenemos que reconocer que el modelo autonómico español ha sido un éxito: ha acercado el Gobierno a los administrados y la gestión de los grandes servicios públicos a los ciudadanos; ha aproximado y nivelado la renta y la calidad de vida entre la ciudadanía española, independientemente del lugar donde se viva; y ha favorecido el impulso y el crecimiento de algunas regiones españolas tradicionalmente marginadas por el centralismo de épocas anteriores. Hemos crecido mucho y hemos construido una sociedad más justa y más equitativa. Desde hace 30 años España vive la mejor etapa de su historia en términos políticos, económicos y sociales.

Señorías, en los últimos años, estamos dando pasos en el desarrollo de nuestro Estado de las Autonomías. Hoy uno más. Pero se trata de un paso más en una ruta en la que el Partido Socialista, sobre todo, ha jugado y juega un gran papel. Nadie ignora, pero es bueno recordar, el compromiso socialista con la CE y su Título VIII, con el Estado de las Autonomías y con sus Estatutos y sucesivas reformas. El Presidente del Gobierno anunció en su discurso de investidura un ambicioso plan de reformas de nuestro modelo autonómico centrado en dos grandes ejes: de una parte, una nueva política institucional de colaboración y cooperación con las Comunidades Autónomas desde una concepción plural e integradora del Estado y, de otra, la mejora y reforma de los Estatutos de Autonomía. Y ha sido el Gobierno de Zapatero el que ha dado un impulso enorme al Estado autonómico. De un lado, porque los socialistas entendemos España como una nación plural e integradora, orgullosa de su diversidad y de su pluralismo lingüístico y cultural. Y, de otro, porque durante los 30 años de experiencia del modelo se han observado lagunas y necesidades de adaptación a nuevos tiempos y a nuevas realidades. Los socialistas estamos orgullosos de haber participado siempre, desde el principio, garantizando la lealtad institucional y el autogobierno, la cohesión social y la solidaridad interterritorial, la unidad del Estado y el autogobierno de los territorios, garantizando la protección de los hechos diferenciales constitucionalmente reconocidos.

Señorías, en este contexto, la propuesta de reforma que hoy debatimos se inserta en un proceso de reformas estatutarias iniciado la pasada Legislatura. El texto extremeño es ya la décima reforma estatutaria de los últimos años y la segunda de esta Legislatura. Se trata, por tanto, de un acto de normalidad política y parlamentaria, dentro de un proceso general de reformas estatutarias, que desmiente las interesadas opiniones vertidas por algunos -hoy callan- respecto a que esas reformas eran innecesarias y acabarían rompiendo España. Este proceso, como observamos, no tiene el perfil peligroso que algunos aventuraban hace unos años. Muy al contrario. Nada de lo previsto ha sucedido. Lejos de desvertebrar España, la estamos haciendo más fuerte, más eficaz y más cohesionada. Y ello sin dificultad alguna para aceptar la España diversa y plural de sus pueblos y culturas como la España real. Señorías, los socialistas hemos repetido muchas veces que la pluralidad no debilita la unidad sino que la fortalece. Y, además, creemos firmemente en ello.

Eso sí, no podemos obviar el clima enrarecido que respiramos cuando se exige al TC que su trabajo se adapte, en la forma y en el fondo, a determinados intereses. A pesar de todo lo escrito y dicho, en este ámbito no hay más conflictos que los jurídicos y estos se producen sólo entre normas, no entre pueblos soberanos y un órgano constitucional del Estado. Y los ha de resolver el TC. Todos los poderes en este Estado, afortunadamente, derivan de la Constitución. No hay poderes históricos ni preexistentes más allá de la CE, como decía el portavoz socialista extremeño.

Señorías, en la reforma que hoy debatimos, como en las anteriores que han pasado por esta Cámara, se ejerce, una vez más, el autogobierno que otorga la Constitución, renovando con estas iniciativas, como máximo, y en este caso concreto, la lealtad de los extremeños al proyecto común español. Pero nada más. No hay pacto entre Extremadura y España, porque no podemos pactar con nosotros mismos.

Esta reforma no copia a nadie ni calca ningún Estatuto reformado. No caben comparaciones con otros Estatutos. Ése no debe ser el objetivo y el resultado no sería el buscado. Y ello porque la reforma se ha hecho mirando hacia dentro, a muchos años de praxis estatutaria y a los aciertos y errores cometidos desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía en 1983. Mirando hacia dentro es como se consigue combinar de una forma muy razonable la defensa de lo propio con la lealtad al proyecto común español. Estoy convencida de que todos nosotros nos sentimos orgullosos con la Comunidad a la que pertenecemos y comprometidos con su presente y su futuro. Pero con toda seguridad también nos hemos sentido ciudadanos de otras CCAA cuando hemos debatido sus propuestas de reformas. Y, con toda seguridad, también nos hemos sentido profundamente españoles. Si me apuran, ciudadanos europeos. Y si me apuran más, ciudadanos del mundo.

Por todo esto, en la propuesta de reforma que presenta Extremadura se refleja el sentimiento de un territorio de seguir siendo una comunidad autónoma dentro de la unidad de la nación española. ¿Podrían caber otras opciones? Por supuesto. Siempre dentro del marco constitucional, como creo que así ha sido hasta ahora.

Este Estatuto es leal en la esencia al proyecto común de España. Se podía navegar en la historia. Pero, ¿hacia qué historia? Miren, señorías, no ha sido ésa la opción. Pero podía haber sido, eliminando primero las formas tópicas, las frases hechas y los juicios trillados. O sea, habría que releer la historia y los hechos. La Extremadura de los siglos XVI y XVII no fue exclusivamente la tierra de los conquistadores y de los monjes, sino que en esa época nacieron y vivieron grandes pensadores, clérigos y laicos, preclaras cabezas que han aportado al pensamiento universal ideas y páginas de indudable valor. Y ¿por qué olvidar nuestra contribución a la construcción de la España constitucional en la primera mitad del siglo XIX, donde los extremeños ocuparon los más importantes cargos de la política nacional? Lo digo con un afán didáctico porque imagino que no todas sus señorías saben que extremeños fueron 3 presidentes del Gobierno, 3 fueron presidentes de las Cortes, 4 presidieron este Congreso de los Diputados, 1 fue Presidente del Senado y 10 tuvieron la alta responsabilidad de ser ministros en los inicios de la historia constitucional española.

Pero esta propuesta de reforma renuncia a hacer de la historia el elemento esencial del autogobierno de Extremadura. Esta Comunidad existe porque los extremeños democráticamente han querido que así sea y no porque la historia obligue ni justifique. La legitimidad democrática delante de la legitimidad histórica. El derecho al autogobierno lo da la CE y no la historia. Y nuestro derecho al autogobierno es de la misma naturaleza que la de cualquier CA que pueda exhibir una larga historia de autogobierno.

Ha dicho el Presidente de Extremadura que el Estatuto de 1983, con sus reformas, ha funcionado bien. Hay conformidad con lo que se es y lo que se tiene. Pero hay que avanzar más, siendo la reforma necesaria y oportuna.

Necesaria, porque lo demandan los cambios en las condiciones políticas, sociales, económicas, culturales o tecnológicas que se han producido en la CAEX desde la no muy lejana reforma del año 1999. Oportuna, porque va a ser un Estatuto bueno para España, ya que el proceso de reformas estatutarias en el que nos encontramos inmersos permite cohesionar más nuestro país, como hemos reiterado los socialistas, y bueno para Extremadura porque va a mejorar la vida de los ciudadanos de nuestra región.

La propuesta que hoy presenta Extremadura traza unas líneas de reforma que son comunes a las de otras CCAA que ya han recorrido todo el trámite parlamentario o que están pendientes o que se iniciarán en el futuro. Como ha ocurrido en las propuestas anteriores y ocurrirá en las posteriores, todos los preceptos que contiene esta reforma serán objeto de estudio y debate en el seno de la Comisión Constitucional. En alguno de ellos quizá se alcancen nuevas redacciones para mejorar su virtualidad técnica o para acomodarlos plenamente al interés general que las Cortes Generales encarnan y se hará desde la lealtad constitucional, considerando con el máximo interés y respeto tanto las propuestas autonómicas como la adecuación al funcionamiento armónico de todas las instituciones del Estado. El resultado será una Comunidad Autónoma más fuerte y un Estado mejor integrado y cohesionado. No tengo ninguna duda de ello.

Pero además de todo esto, hay que resaltar que estamos ante una reforma importante tanto en la forma como en el fondo.

En cuanto a la forma, y empezando por la propia extensión del Estatuto, se ha apostado por un Estatuto corto -de sólo 91 artículos-, pero técnicamente impecable, inevitablemente jurídico y comprensible para la ciudadanía. Fruto, además, del trabajo realizado por una Comisión de Expertos, de intensos trabajos parlamentarios buscando el consenso que hoy se presenta a esta Cámara, de un excelente Dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura y de una necesaria participación de la sociedad civil. Todos ellos han aportado sus reflexiones y sugerencias, muchas de las cuales han sido recogidas. Nadie puede sentirse excluido.

Pero el cambio no es sólo formal sino también sustantivo. Haré una referencia rápida a algunos aspectos que singularizan esta reforma.

Por ejemplo, se ha decidido no incluir una carta de derechos individuales. Esta opción se separa de la de otros Estatutos. Pero hay argumentos de fondo. En primer lugar, porque hay jurisprudencia constitucional que ha puesto de manifiesto el reconocimiento específico de derechos incorporados a nuestro ordenamiento jurídico aunque no estén nominativa y expresamente recogidos por la CE y el resto del ordenamiento jurídico. Y, en segundo lugar, porque crear una carta de derechos en los Estatutos puede confundir a los ciudadanos pensando que sus derechos derivan del Estatuto y no de la Constitución. Tenemos derechos no por ser extremeños o gallegos o asturianos sino por ser españoles. Esto no quiere decir que otros derechos, por ejemplo, de naturaleza social, no pudieran desarrollarse por no estar incluidos en el texto del Estatuto. Al contrario. Como se ha recogido un listado de principios rectores de los poderes públicos extremeños –lo aconsejado por el Tribunal Constitucional- los derechos que se quieran ampliar podrán desarrollarse por una ley que se aprobará en la Asamblea.

Por tanto, no a una carta de derechos -a los socialistas nos parece que otras opciones también caben en la Constitución- pero sí se recogen principios rectores de los poderes públicos extremeños para la consecución efectiva de valores como la libertad y la igualdad y de objetivos como la equidad territorial y la cohesión social. Se contienen mandatos enfocados a la protección e integración de determinados colectivos. Por ejemplo, se promueve la igualdad de la mujer, el reconocimiento de la identidad de género y el respeto a la orientación sexual. Se marcan metas con relación a la difusión de la cultura y a la promoción de la investigación científica y técnica. Se garantiza un mayor impulso de las relaciones con Portugal y con los pueblos e instituciones de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y una activa contribución a la paz y el desarrollo socioeconómico, político y cultural de todas las naciones y pueblos del mundo.

Se apuesta por un modelo de desarrollo sostenible y la preservación y mejora de la calidad medioambiental y la biodiversidad de la región, con especial atención a sus ecosistemas característicos, como la dehesa. Se apuesta por la generación de energías renovables y el retorno a la región de los beneficios resultantes de la exportación de energía fuera de su territorio. Y, particularmente, se ordena velar por un uso racional del agua y por su distribución solidaria entre los ciudadanos que lo precisen. Eso sí, se hará de acuerdo con el marco constitucional de competencias y las prioridades que señale la ley, sin menoscabo de la calidad de vida de los extremeños, del desarrollo económico de Extremadura -confirmado mediante estudios que garanticen las demandas actuales y futuras de todos los usos y aprovechamientos- y sin perjuicio de las compensaciones a que haya lugar. Y es que el agua es el petróleo del Siglo XXI. Y Extremadura la tiene.

También podría mencionar entre los principios rectores la referencia a fomentar el crecimiento demográfico y la lucha contra la despoblación de las zonas rurales. Durante la década de los sesenta y setenta de Extremadura se fueron 750.000 personas. Hoy continúa la pérdida de población, sobre todo de jóvenes que acaban su carrera universitaria. Y en Extremadura se reproduce el fenómeno mundial de concentración de la población en las grandes áreas urbanas. Para evitar el desgarro que la pérdida de población supone en zonas del territorio, sobre todo, agrarias, se necesitan políticas específicas y diversas, estatales y autonómicas. De todas formas, aún podemos decir que, a diferencia de otras CCAA, en Extremadura no hay ningún pueblo abandonado.

No cabe duda de que las condiciones naturales de Extremadura (medioambiental y cultural), su especial vinculación con Portugal (por razones geográficas) y con Iberoamérica (por razones históricas) y sus condiciones demográficas y económicas constituyen elementos diferenciadores con otras CCAA. Una visión de futuro que considere la agricultura, mejor aún, el sector agroalimentario, como estratégico para alimentar a 9.000 millones de personas en el año 2050 pondría a estas CCAA –también a nuestro país- en la locomotora del siglo SXXI, junto a la producción de energías renovables y a la biotecnología.

En fin, Señorías, en ese camino de progreso la propuesta extremeña también es ambiciosa en el ámbito local. Hay un progreso evidente en la organización institucional y territorial (decretos leyes). Y la propuesta de reforma es exigente en el capítulo competencial.

1.- Aunque durante estos años se ha realizado un traspaso de competencias del Estado a las CCAA, se ha frenado, sobre todo en algunas CCAA, el siguiente paso necesario de transferencias, que es el que las CCAA debieran efectuar a favor de los Ayuntamientos como Administración más cercana a los ciudadanos. En la propuesta se hace un reconocimiento, no retórico, de la autonomía política y financiera municipal. El Partido Socialista es un partido históricamente municipalista.

2.- También se aprecia en la propuesta de reforma un progreso evidente en la organización institucional y territorial. En el primero de los aspectos se incorporan definitivamente al Estatuto los órganos asesores consultivos de la comunidad creados en los últimos años y se incorporan facultades como la de dictar decretos leyes, que algunos constitucionalistas, la verdad es que entonces pocos, defendimos hace más de 10 años, por citar sólo dos ejemplos. En el aspecto territorial, el nuevo Estatuto ofrece un marco general para el desarrollo de la autonomía de los entes locales y la creación de nuevas formas de autonomía local

3.- Y la propuesta de reforma es exigente en el capítulo competencial. Se han explorado todas las posibilidades que permite la jurisprudencia constitucional y la práctica política, recogiendo importantísimos avances, con competencias nuevas en inmigración, dependencia, I+D+i, violencia de género, igualdad, etcétera, y demandas tradicionales. Respecto a la Administración de Justicia, aún pendiente de transferencia, se creará el Consejo de Justicia de Extremadura, no como una fragmentación de la Administración de Justicia sino como su descentralización, con el fin de una mejor y más eficaz gestión de la misma.

Como el objetivo principal de nuestro sistema debe ser que todas las CCAA provean a sus ciudadanos el mismo nivel de prestación de servicios públicos, garantizando la suficiencia del sistema y la equidad y la solidaridad interterritorial, la propuesta de reforma recoge una mayor autonomía financiera de la CA al diseñar un nuevo sistema que posibilite recursos suficientes a la Comunidad para garantizar que los extremeños reciban unos servicios públicos equiparables a los del conjunto del Estado. Todo ello sin olvidar el principio de solidaridad que, ad extra, arbitre ayudas (asignaciones compensatorias extraordinarias e inversiones ordinarias y complementarias del Estado en infraestructuras) por nuestras especiales condiciones de envejecimiento o despoblación, extensión territorial y distancia y tiempo de acceso a las infraestructuras y servicios, por citar solo algunos ejemplos, y, ad intra, permita crear un Fondo de finalidad incondicionada para distribuir entre los municipios paliando las diferencias que por razones de población, necesidades de gasto y capacidad fiscal pudieran existir.

Para finalizar, dos referencias más a las novedades de esta propuesta de reforma.

Por un lado, el Estatuto innova recogiendo un nuevo marco de relaciones de Extremadura con otras CCAA y con el Estado, presidido por la idea de cooperación y no de conflicto. En este aspecto hay que destacar el sustancial principio de lealtad institucional y la imprescindible coordinación y cooperación con el resto de las administraciones públicas y especialmente con el Gobierno de España. En materia de cooperación horizontal, Extremadura cree que en la nueva fase autonómica la obsesión no ha de ser tener más competencias, sino ejercer bien las que se tienen, y para ejercer bien las que se tienen hay que ponerlas en común con las otras CCAA.

Señorías, para los socialistas, el impulso del autogobierno, a través de las reformas estatutarias, debe ir necesariamente acompañado de un decidido impulso a las relaciones de cooperación y, en su caso, de coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado y de aquellas entre sí (el impulso dado a las conferencias sectoriales, la creación de la Conferencia de presidentes y la recuperación del debate general sobre las autonomías en el Senado).

Por otro, destacaría la referencia a la política exterior y sobre todo a la Unión Europea. Este Estatuto es innovador en acción exterior porque es muy cooperativo y multilateralista. Ya no se trata de entender el papel que las regiones pueden jugar en el espacio político exterior europeo como un conflicto con el papel que ha de jugar el Estado, sino como un complemento enriquecedor de éste y de las instituciones europeas. Cuando la UE avanza hacia la construcción de un verdadero espacio político transnacional con la adopción de una verdadera Constitución, las CCAA han de jugar su papel, determinado por la distribución competencial del Estado según la jurisprudencia del TC. Tiene que haber participación activa de las CCAA en los procesos de toma de decisión política de las instituciones de la UE. Es cierto que estas ideas se han recogido en la reforma estatutaria y fueron precedidas de avances impulsados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre los que debe destacarse la presencia conjunta en los Consejos de Ministros de la Unión y en sus órganos preparatorios de miembros del Gobierno y de las administraciones autonómicas.

Finalizo, Señorías. La Asamblea de Extremadura ha expresado qué autogobierno quiere. Ahora es el turno de las CCGG. Si los intereses autonómicos y generales no son coincidentes, cosa que dudo, los integraremos para que sirvan tanto para los extremeños como para los ciudadanos del resto de España. Con esta meta abordaremos el trabajo parlamentario que hoy se inicia en el CD. Los socialistas estamos convencidos, y por eso apoyamos la propuesta de reforma, que con este nuevo Estatuto conseguiremos consolidar la posición de Extremadura en una España plural respetuosa con su diversidad, que no sólo no niega las diferentes identidades que la conforman, sino que se muestra orgullosa de esa pluralidad.

Muchas gracias.