Dicen que "Es la primera vez que presentamos alegaciones a un proyecto de energía termosolar o fotovoltaica, pero consideramos que hay fricciones contra valores que no son compatibles de conservar con estas plantas", indica. No obstante, añade que no buscan ningún perjuicio para el promotor ni la zona y que siguen a favor de la apuesta por las energías renovables, "lo que pedimos es que se busquen alternativas más beneficiosas para todos".
La noticia surge porque ha finalizado el período de información pública de la solicitud de autorización administrativa y el estudio de impacto ambiental de 2 instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial termosolar en un municipio extremeño y una al lado de la otra.
Y los ecologistas alegan entre otras cosas, no sin razón, que la zona prevista para la instalación de la industria termosolar es hoy el mayor dormidero de grulla común de España, con 11.325 ejemplares censados el año pasado, entre otras especies. Quieren "demostrar el elevado valor medioambiental de la zona donde planean ubicarse las plantas. De hecho, estas se situarían dentro de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava --en una de las zonas de mayor valor ornitológico de este espacio, según SEO-Birdlife-- y afectarían también, de acuerdo con la estimación de los ecologistas, a la ZEPA Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta"
Pero también dicen que los dos proyectos correspondan al mismo promotor, están ubicados en parcelas próximas y compartan instalaciones de transformación y evacuación de la energía "constituyendo un intento fraudulento de fragmentación de un único proyecto, con una potencia total de 100 MW".
Pues menos mal que es la primera vez que hacen alegaciones.
Estoy convencida que conocen los objetivos que debe reunir cualquier política para ser calificada de sostenible: 1) la calidad y conservación medioambiental, que obliga a evitar el despilfarro de los recursos naturales; 2) la equidad social y la promoción del capital humano, que implican promover la igualdad de oportunidades y prevenir la exclusión social; y, 3) la eficiencia y productividad integral de la economía, de manera que se promueva un uso racional de los recursos y se superen las trabas al crecimiento económico.
Estoy convencida que conocen que esos objetivos tienen su respaldo en la CE y que responden, además, a compromisos internacionales de España y de la UE, como el Protocolo de Kyoto, o a políticas de ámbito europeo, como la Estrategia Territorial Europea y la Estrategia de Lisboa
Y estoy convencida que también conocen la normativa medioambiental europea, española y autonómica así como los planes del Gobierno relacionados con la lucha contra el cambio climático y el ahorro y la eficiencia energética: la Estrategia Española de Cambio Climático y Energías Limpias, la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, la Estrategia del Medio Ambiente Urbano y otros documentos del mismo carácter.
Entonces, ¿a qué esperan?
