martes, 12 de febrero de 2013

310311 La dación del inmueble hipotecado como pago de la deuda

  1. 310311 La dación del inmueble hipotecado como pago de la deuda


      En el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado 23 de marzo el diputado Joan Ridao, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, formuló al Presidente del Gobierno la siguiente pregunta: “¿Considera justo el actual marco legal que permite que las personas hipotecadas, tras perder la vivienda que las entidades de crédito valoraron y aceptaron como garantía de pago, sigan siendo deudoras de éstas?” 
       Éste no es un tema de actualidad. Al menos en el ámbito parlamentario. En numerosas ocasiones se ha debatido sobre este asunto en particular o en el contexto de otros debates sobre el sector inmobiliario, que han sido muchos en los últimos años.
      En su exposición, el Sr. Ridao argumentó con datos relevantes relativos a las familias que en su día solicitaron una hipoteca para comprar una vivienda y que hoy, por una razón u otra, no pueden pagarla. Entre esos aspectos mencionó el elevado número de viviendas ejecutadas entre 2007 y 2010, de acuerdo con las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial: 250.000. También aludió a la sobrevaloración de las viviendas a efectos de tasación para acceder al préstamo en la etapa de boom inmobiliario y criticó la duración de los préstamos hipotecarios hasta 40 o 50 años, sin olvidar el sistema de responsabilidad patrimonial universal que rige en nuestro derecho y que obliga al deudor a responder de sus deudas con todos sus bienes presentes y futuros.
      No le faltaba razón al Sr. Ridao al decir que la lógica determina que “si una vivienda está bien tasada, devolverla al banco debería ser suficiente para saldar esa deuda. Eso es lo que pasa en Alemania, en Francia, en Reino Unido o en Estados Unidos, pero aquí no; aquí nuestro marco legal permite incluso que el banco pueda quedarse con la vivienda por un 50% de su valor en subasta”.
       Como no le gustó que el Sr. Rodríguez Zapatero le contestara diciendo que aceptar esta medida podría poner en riesgo la solvencia de nuestro sistema financiero, que supondría, además, intervenir en la esfera de las relaciones privadas y que no podría tener carácter retroactivo, le espetó: “Señor Presidente del Gobierno, usted y su Gobierno de qué lado están, ¿del de los bancos o del de la buena gente?”, no sin antes recordarle que el año pasado los cinco principales bancos tuvieron beneficios por 15.000 millones de euros que, curiosamente, es el mismo valor de las hipotecas ejecutadas el año pasado. Aunque el Presidente del Gobierno le respondió que “la buena gente, por no decir toda la gente, tiene su dinero en los bancos, sus ahorros, y parece razonable que intentemos preservar la fortaleza y la solvencia de los bancos porque es tanto como preservar la solvencia y los ahorros de la inmensa mayoría de los ciudadanos”, es verdad que también manifestó que había que facilitar y apoyar el pago de las hipotecas a las personas con dificultades y que había que prevenir el sobreendeudamiento, medida más eficaz que cualquier otra que pudiera poner en cuestión la solvencia del sistema financiero. Por ello, se comprometió a crear una Subcomisión que pudiera trabajar sobre este problema y proponer soluciones. También recordó que el Gobierno había puesto en marcha distintas medidas para ayudar a las familias con dificultades para pagar la hipoteca: una reforma legal en 2007 para facilitar los cambios de hipoteca y evitar la subasta pagando las deudas vencidas; una moratoria en 2008 para los préstamos hipotecarios de desempleados y autónomos; un acuerdo con registradores y notarios para ampliar gratuitamente el plazo de las hipotecas; la creación de la línea ICO-moratoria; la regulación de los intermediarios financieros para evitar abusos; y la ampliación de la cantidad inembargable del SMI.
   Es cierto que se han adoptado varias medidas, pero también se puede dudar de la efectividad de las mismas, porque no podemos negar que el problema existe y persiste. Y necesariamente en ese debate se volvieron a tocar temas clave en relación con el sector inmobiliario y las familias: el sobreendeudamiento, la morosidad de familias y empresas, el ahorro, el consumo, la inversión, las dificultades del sector financiero, el sistema hipotecario español, etc. Y se reconoció que existen familias directamente afectadas por la crisis económica que no pueden pagar las cuotas hipotecarias
 del préstamo que en su día solicitaron para comprar una vivienda y pierden su casa, continuando con deudas. En fin, una vez más la vivienda en el centro del debate político. Ahora bien, en los cinco minutos en que se sustancia una pregunta hay muy poco tiempo para argumentar y entrar en detalles.
   Por ello, las alarmas se dispararon y la oposición a la propuesta no se hizo esperar. Se llegó a decir que esto supondría un encarecimiento del préstamo hipotecario. Argumento dudoso en un momento en que no se conceden hipotecas y el acceso al crédito está cerrado para familias y empresas que, por otra parte, presentan altas tasas de morosidad, más altas en empresas que en familias. Pero es verdad que la oposición era de esperar porque la medida ni se pudo explicar bien en el ámbito parlamentario ni posteriormente se comunicó mejor.
  Ese mismo día, el 23 de marzo, se debatieron y votaron similares Proposiciones de Ley en el Parlamento de Cataluña que se verán más adelante en el Congreso de los Diputados. Estas Proposiciones giraban sobre la adopción de medidas en el ámbito hipotecario, contra el sobreendeudamiento personal y familiar y de protección frente a procedimientos de ejecución que afectan a la vivienda habitual y sobre la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y se explicaron mejor.
   Es un hecho que desde que se inició la crisis el número de ejecuciones hipotecarias ha aumentado y más en unas Comunidades Autónomas que otras (por ejemplo, Cataluña, Madrid y Valencia) y que hay muchas familias que lo están pasando mal porque han perdido o están a punto de perder su vivienda debido a un embargo por impago de un préstamo hipotecario. Con carácter general, el proceso se inicia con la reclamación de la cantidad debida por parte de la entidad financiera y puede acabar con la subasta de la vivienda hipotecada que, en caso, de no encontrar postor, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, se la puede adjudicar al acreedor, la entidad financiera, por el 50%. La familia pierde la vivienda y se mantiene la deuda pendiente, porque el embargo del inmueble no es suficiente para cubrir la totalidad de la deuda.
  Y estamos obligados a buscar y encontrar soluciones entre todos porque de ser un problema familiar o individual ha pasado a ser un problema social y económico. Familias sin vivienda, sin
 posibilidad de comprar otra y con deudas pendientes. Y la responsabilidad individual y colectiva requiere matices.
  Si de lo de que se trata es de modificar el sistema hipotecario español -uno de los más garantistas del mundo, exportado a muchos países de varios continentes- tenemos que tener claro qué queremos hacer. Primero, si se trata de sustituir el sistema de responsabilidad patrimonial universal de nuestro Código Civil –el deudor responde de sus deudas con todos sus bienes presentes y futuros- por otro de responsabilidad real y con carácter general o sólo aplicado a la vivienda –el banco se queda con las llaves de la casa liquidándose con ello todas las cantidades que se deben. Segundo: si sólo se aplica para la vivienda familiar, o sea, la primera vivienda, la habitual, o también para las segundas o sucesivas residencias. Tercero: si sólo se aplicaría para los deudores de buena fe y cómo se determina quiénes son estos. Y cuarto: si se aplicaría o no con carácter retroactivo.
    En mi opinión, más efectivo sería legislar sobre otros aspectos, aunque muchos argumenten que pertenecen al ámbito de las relaciones privadas. En primer  lugar, se trataría de limitar la capacidad de endeudamiento de las familias al porcentaje que estadísticamente se da por válido en el acceso a la vivienda: un 30% de los ingresos. ¿Debería comprar o alquilar una vivienda una familia endeudándose -como ha sucedido en España- con un 70% de sus ingresos? Con 17.000 euros anuales de ingresos –es la cantidad grosso modo reglamentada para deducir en IRPF por compra de vivienda habitual- ¿se puede/debe comprar una casa hoy día? En segundo lugar, se debería limitar el período de amortización de los préstamos hipotecarios. Si hay un 40% de paro juvenil, si se accede tarde al mercado laboral, si el sistema de pensiones es el que es y si los préstamos hipotecarios se amortizan entre 30 y 50 años, ¿no sería mejor limitar a 20 o 25 años el período de amortización? Aunque sólo sea para que las generaciones futuras de herederos no hereden sólo deudas. Este límite existe en el caso de las viviendas protegidas para acceder a un préstamo hipotecario. En tercer lugar, España debería tener ya una Ley de sobreendeudamiento, como tienen muchos países de nuestro entorno,
 para dar una nueva oportunidad a familias con dificultades. En cuarto lugar, también debería legislarse sobre las cláusulas de suelo -que impiden que las familias se beneficien de la bajada de los
 tipos de interés pero no impide que les perjudiquen las subidas- y otros productos vinculados declarados abusivos por los tribunales –swaps-. En quinto lugar, el crédito concedido no debería superar el 80% del valor de la tasación de la vivienda, impidiéndose la sobretasación de la vivienda para conceder hasta un 120% del valor real. Finalmente, aunque las anteriores son sólo un ejemplo de medidas que se podrían adoptar, caben muchas otras. Probablemente estas medidas debieron adoptarse en el pasado y ya no valgan ni como propuesta. Porque si bien es verdad que las familias accedieron a la vivienda a través del crédito, las inadecuadas prácticas bancarias y financieras y la pasividad por parte de los organismos reguladores, entre otras cosas, han originado una excesiva dependencia del sistema financiero español respecto al sector inmobiliario y una situación de quiebra para las familias sobreendeudadas. Podría pensarse que ya es demasiado tarde para reconocer que el 70% del empleo en nuestro país directa o indirectamente dependía del sector inmobiliario, que el crédito hipotecario que se daba procedía del ahorro de los alemanes y que comprar una casa no sólo no era reflejo de la riqueza de nuestro país sino una inversión improductiva. María Antonia Trujillo

lunes, 10 de octubre de 2011

El gran PER nacional, de Juan Carlos Rodríguez Ibarra (04092009)

El Congreso de los Diputados aprobó, el pasado 28 de noviembre, un Real Decreto Ley por el que se creó un Fondo Estatal de Inversión Local, dotado con 8.000 millones de euros, para la realización de actuaciones urgentes en materia de inversiones especialmente generadoras de empleo.
Ahora no se oyen voces hablando de voto cautivo, como decían del PER extremeño y andaluz
Las regiones más desarrolladas se han llevado la parte del león del Plan E
Con esta medida se pretende dar respuesta a las necesidades de miles de trabajadores que, como consecuencia de la crisis, han perdido su empleo. Con ello, el Gobierno pretendió contener la cifra de paro que prometía situarse en el entorno del 20% y generar iniciativas locales de empleo que mantuvieran un nivel de actividad laboral en sectores de población trabajadora que, ante el momento de dificultad por el que estábamos atravesando, supusieran un respiro para la estabilidad del país y para miles de hogares españoles.
Este Fondo se crea, principalmente, para cubrir el objetivo de realizar, en 2009, inversiones en proyectos de nueva planificación y de ejecución inmediata que los Ayuntamientos soliciten que se les financie con cargo a este Fondo.
La crisis económica está siendo especialmente intensa en términos de destrucción de empleo. En este contexto, el Plan E introduce medidas directas de impulso a la creación de empleo, entre las que cabe destacar el Fondo para Entidades Locales y el Fondo Especial para la Dinamización de la Economía y el Empleo. El apoyo a la obra pública recogido en estos dos Fondos, más la dotación recogida en los Presupuestos del Estado, supondrá una inversión superior a los 33.000 millones de euros en 2009. Este Eje recogerá todos los avances que en el marco del diálogo social vayan produciéndose a favor del empleo y su estabilidad.
No recuerdo que durante la tramitación de esas ayudas, que prometen ampliarse para el próximo año si la situación de desempleo persiste en los niveles actuales, se alzara ninguna voz denunciando esa política y calificando de vagos a los perceptores de las ayudas o de clientelistas políticos a los gobernantes que han puesto en marcha esas iniciativas municipales, tendentes a proporcionar empleo temporal a los que lo han perdido. Aún no se han escuchado voces hablando del voto cautivo que, según lo que se decía del PER extremeño y andaluz, era el voto que emitían los trabajadores agrarios que recibían ese apoyo laboral.
Desde las zonas más desarrolladas de España se dijo de todo sobre los vagos andaluces y extremeños. También sobre la inutilidad que significaba, para la economía del país y para el desarrollo de las zonas perceptoras del subsidio agrario, semejante política. "Levantar y tapar calles es lo que hacen inútilmente esos vagos con la anuencia de los políticos de turno, que se mantienen en el poder gracias a esa compra de voto". Ésa es una de las muchas frases que pueden leerse si se acude a cualquier hemeroteca. Desde Madrid y Barcelona, pero no sólo desde allí, se dijeron lindezas parecidas un día sí y otro también, con una demagogia ofensiva para extremeños y andaluces. En las últimas semanas, Esperanza Aguirre, a propósito de la financiación autonómica, ha vuelto a poner letra a una música ya conocida.
Y sin embargo, ahora, ha llegado el momento de que, los que insultaron sin comprender el fenómeno extremeño y andaluz, prueben su propia medicina y que toda España sepa que en sus regiones y municipios se ha instalado un gran PER con idénticas motivaciones que las que muchos criticaron y que tanto dolor produjeron a unas regiones que, cuando se puso en marcha el sistema de protección para unas poblaciones que, alcanzando, en
-tonces, índices de paro por encima del 30%, no tuvieron la oportunidad de disfrutar de un Sistema de Reconversión Agrario similar al que se hizo en las regiones con mayor producto industrial.
Resulta necesario recordar que el subsidio agrario es inferior al salario mínimo interprofesional, que no llega a cubrir, dignamente, las necesidades más esenciales y, menos aún, si el perceptor tiene familia a su cargo. El PER o AEPSA, es producto de una política discriminatoria hacia Extremadura y Andalucía, consecuencia de la mala conciencia que provocaba, en quienes gobernaban, la diferencia entre una "reconversión agraria" a la baja, cuando en el resto de España se hacía una reconversión industrial, a través de las Zonas de Urgente Reindustrialización, donde a los mineros, los trabajadores de la siderurgia y la metalurgia de Asturias, Vascongadas, Cataluña y Valencia, se les jubiló anticipadamente con pensiones que igualaban o superaban su salario de partida, ya de por sí elevado en relación con los de la agricultura.
Cuando el paro en España se ha situado en niveles del 17%, la mitad de lo que tenía Andalucía y Extremadura en los años ochenta, el Gobierno ha salido en ayuda de los desempleados con el Plan E que, con propiedad, puede denominarse el Gran PER Nacional. Las regiones más desarrolladas y con municipios más poblados, se han llevado la parte del león, sin que la prensa de allí, o los políticos, o los liberales acérrimos, hayan dicho esta boca es mía. Por ejemplo, según informaciones del Gobierno, las obras con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, conocido como Plan E, han generado en los municipios de la provincia de Barcelona un total de 41.191 puestos de trabajo, un 170% más que los inicialmente previstos, con una inversión de más de 607 millones de euros, para financiar 2.262 proyectos. Asimismo, se han superado en un 170% los empleos inicialmente previstos para la totalidad de proyectos que tenían una previsión de 29.127 empleos. Semanas atrás, el Ministerio de Política Territorial, ha efectuado un nuevo libramiento de fondos por valor de 2,5 millones de euros a 6 municipios de la provincia de Barcelona, correspondientes a 14 proyectos.
De igual forma, el Fondo de Inversión Local, puesto en marcha por el Gobierno, ha generado en la Comunidad de Madrid 54.070 empleos directos, lo que supone un 134% más de los 23.082 puestos de trabajo previstos inicialmente. La inversión del Plan E, en la Comunidad de Madrid, ha ascendido este año a 1.076 millones de euros, que sirven para ejecutar 1.241 proyectos de obra pública en los 179 municipios de la región. El de Madrid, con 269 proyectos y 554 millones de euros, lidera tanto el importe asignado, como los proyectos aprobados en el referido Plan.
Si alguien se atreve a echar las cuentas, se encontrará con la dureza de los números y podrá comprobar que sólo el PER de Barcelona o de Madrid, en estos pocos meses, supera con creces el dinero destinado a Extremadura para ese mismo fin desde el año 1983. He dicho bien cuando hablo del PER para Barcelona y Madrid; lo hago a propósito para que sus dirigentes, su prensa y sus ciudadanos sientan la misma sensación con la que hemos tenido que convivir los gobernantes, la población y los jornaleros del campo cuando, despectivamente, se dirigían a nosotros con el despreciativo: "... Ésos del PER...". Ésos del PER están hoy, en mayor proporción, en la industriosa Cataluña y en el Madrid capitalino.
La diferencia es que yo entiendo bien las motivaciones del Gobierno de España cuando decidió poner en marcha un Gran PER Nacional; ¿cómo no lo voy a entender, si tuve que gobernar una región que, en el año 1983, contaba con un 34% de paro? Seguro que ahora que ellos tienen también un PER, con un 15% de desempleo, entienden y se arrepienten de lo que dijeron de los vagos extremeños y andaluces.
Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha sido presidente de la Junta de Extremadura.

lunes, 3 de octubre de 2011

jueves, 5 de mayo de 2011