INTERVENCIÓN EN LA SESIÓN DE LAS COMISIONES DE PESCA DE LOS PARLAMENTOS DE LA UE SOBRE REFORMA DE LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN

LA REFORMA DE LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN

La reforma de la PCP de 2012 será una de las más ambicionas de las que hasta ahora se han acometido y deberá dejar claros sus objetivos para evitar ambigüedades y que ya, desde ahora, la delegación española se atreve a fijar en que deberán ser: una pesca sostenible que asegure un nivel de vida digno al sector pesquero, que mantenga puestos de trabajo y empleo en las regiones costeras.

1.- Objetivos políticos de la PCP

Definir de forma clara los objetivos de la PCP ha de ser un elemento fundamental de su reforma.

La actual formulación de objetivos de la PCP, esto es, garantizar unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles, sin establecer cual de los tres debe considerarse prioritario, es el origen de un gran número de dificultades a la hora de tomar decisiones en esta materia, fuente de abundantes críticas de las ONGs y de la opinión pública en general.

Todos los Estados miembros compartimos los actuales objetivos de la PCP, esto es, la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos que facilite unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles y compartimos igualmente la convicción de que éstos deberán permanecer en el futuro. Sin embargo, esta triple componente resulta difícil de aplicar en la práctica, ya que la primacía de la sostenibilidad socio-económica, con frecuencia va en detrimento de la sostenibilidad biológica o medioambiental y, a la inversa.

2.- La PCP y la Política Marítima Integrada.

No es sólo el sector pesquero el que incide sobre el ecosistema. Hay otros agentes económicos cuya actividad también repercute de forma clara en el medio marino. Otros factores externos derivados del cambio climático, tales como el aumento de la temperatura del agua o la acidificación del medio marino tienen también consecuencias claras sobre el ecosistema y la biodiversidad marina y también habrá que tenerlos en consideración en la reforma.

El enfoque ecosistémico debe contemplarse en un contexto mucho más amplio que sobrepase tanto el propio ámbito de la pesca como el entorno comunitario, por lo que esta nueva dimensión ecosistémica requerirá que se aborde en un plano multidisciplinar e internacional.

Este enfoque integrador de las actividades económicas que se dan en el medio marino constituye una novedad respecto de anteriores reformas de la PCP y habrá que desarrollarle con sumo cuidado para conseguir que la responsabilidad se reparta de forma equilibrada entre todos los agentes económicos y así evitar que éstas repercutan únicamente sobre el sector pesquero.

3.- Gestión de los recursos pesqueros.

Nuevos elementos que deberán integrarse en la reforma de la PCP.

Desde el año 2002 hasta ahora, derivado de compromisos internacionales o por propia iniciativa, la UE ha adquirido nuevos compromisos que sin duda tienen y tendrán una clara repercusión en el funcionamiento de la PCP, y en su reforma, tales como.

El acceso a las aguas y a los recursos.

Antes del 31 de diciembre de 2012, el Consejo deberá decidir sobre las actuales restricciones de acceso de los buques pesqueros de los Estados miembros por dentro de las 12 millas sometidas a su soberanía o jurisdicción, en la actualidad limitadas a las que tradicionalmente se han venido realizando en esta zona.

Es intención de todos los Estados miembros de la UE mantener el actual sistema de acceso a la franja de las 12 millas, por entender que es una medida eficaz de defensa de su flota costera y artesanal frente a otros buques comunitarios.

Enfoque ecosistémico.

Nadie duda de que hay que pescar mejor, de forma que se asegure el equilibrio entre lo que se extrae del mar y el propio recurso y además, es necesario minimizar el impacto de la pesca sobre el ecosistema.

El sector pesquero, los científicos y las Administraciones pesqueras están convencidos de que el futuro económico y social de la pesca depende del buen estado del medio marino en el que se desenvuelve.

El nuevo enfoque ecosistémico conlleva la necesidad de adquirir conciencia y de adoptar medidas para preservar los recursos pesqueros, de forma que se mantengan dentro de límites biológicos seguros, pero también para proteger el medio marino, en sus zonas más vulnerables, del impacto de la actividad pesquera.

Rendimiento Máximo sostenible.

Dentro de este enfoque ecosistémico, se encuentra el objetivo de explotar las pesquerías conforme al principio del Rendimiento Máximo Sostenible. Este compromiso internacionalmente asumido, supone un paso adelante en la explotación responsable de los recursos pesqueros. Ya no será suficiente mantener los stocks dentro de límites biológicos seguros, basados en el principio de precaución, sino que habrá que mantener las poblaciones pesqueras en unos valores mucho más sólidos que garanticen su plena productividad.

El sector pesquero, aunque está convencido de esta necesidad, se encuentra reticente a la hora de su aplicación porque considera que, en especial en las pesquerías multiespecíficas, el actual enfoque de precaución ya da seguridades suficientes, mientras que el enfoque del Rendimiento Máximo Sostenible podría producir desajustes en pesquerías que explotan más de un recursos pesquero al mismo tiempo. Por tanto, en el tiempo en el que se va a llevar a cabo la reforma se debería aprovechar para seguir profundizando en esta materia, para contar con datos sólidos que justifiquen la necesidad de acometer este cambio en la explotación de las pesquerías.

Reducción de los descartes.

Este es el elemento ecosistémico que mayor importancia va a tener en la futura reforma de la PCP.

Informes recientes presentados por la Comisión señalan la dificultad de cuantificar los descartes en las pesquerías de una forma general, si bien señalan cifras para algunos artes y zonas geográficas que analizados fríamente no pueden dejarnos indiferentes.

Los descartes tienen consecuencias biológicas porque producen una disminución de la biomasa y del potencial reproductor, pero también económicas, por la disminución progresiva del rendimiento de las pesquerías.

Al miento tiempo, los descartes influyen en la calidad de los datos que se utilizan con fines de evaluación científica ya que en ocasiones éstos no se contabilizan, alterando los cálculos de evaluación de la biomasa de las pesquerías.

Finalmente, los descartes son objeto de una fuerte crítica social por el mal uso de los recursos biológicos.

Es por tanto, éste, un elemento capital que deberá quedar plenamente regulado en la futura reforma de la PCP y para el que existe un amplio consenso.

Ya se ha dado un paso en este sentido con la prohibición del “highgrading”, pero la Comisión quiere seguir profundizando en esta materia de forma que se desembarque lo que se captura.

Sin embargo este problema no debe abordarse únicamente desde el punto de vista de mejora de la selectividad de los artes de pesca, aunque también haya que considerarlo. En muchas pesquerías, los descartes se producen por falta de cuotas de pesca, bien porque los Estados miembros carece de ellas o bien porque se agotan y se ven obligados al cierre de las pesquerías. En ambas situaciones, existe una obligación absoluta de devolver al mar el pescado capturado, ya que en caso contrario sería causa de sanción para el pescador y para el Estado miembro.

Cuotas de pesca, esfuerzo pesquero. Principio de estabilidad relativa.

Con los nuevos compromisos adquiridos en materia de evitación de descartes, queda claramente de manifiesto la necesidad de contar con otras cuotas de pesca, además de las referidas a la especie principal, para poder subir a bordo también las especies accesorias.

El sistema de gestión de las pesquerías basado en TAC y cuotas, en especial por lo que se refiere para las pesquerías multiespecíficas, debe ser objeto de revisión pues no resultará compatible con estos nuevos compromisos en materia de reducción de descartes en las pesquerías.

Es necesario plantear cuotas de pesca acordes con la realidad pesquera del caladero que tengan en cuenta no sólo la especie principal sino también las asociadas, en las que la ausencia de cuotas sólo van a ocasionar nuevos descartes.

En la vertiente socio-económica, la falta de cuotas tampoco es satisfactoria para el sector por la repercusión económica que conlleva. Por tanto, hay que romper con este círculo vicioso que no da satisfacción ni al sector pesquero y que además ocasiona un daño al ecosistema marino.

El principio de estabilidad relativa pudo estar bien en su momento cuando se estableció porque tenía en cuenta la dependencia de las flotas de las regiones costeras y porque en aquel momento únicamente se prestaba atención a la especie principal objeto de captura. En el caso de España, cuando entra en la UE no se tiene en cuenta su actividad para fijar las cuotas, sino que tras una larga negociación, se acordaron unas cuotas bastante alejadas de su reallidad pesquera en el caso de determinadas especies de interés.

Con el paso del tiempo, la situación de las flotas de las diferentes zonas costeras comunitarias ha evolucionado y en la actualidad hay algunos Estados miembros cuyas cuotas de pesca son muy superiores a sus necesidades por haber llevado a cabo una reducción importante de flota, mientras que otros siguen arrojando déficit.

El principio de estabilidad relativa tiene la ventaja de ser conocido por todos y además es ampliamente defendido por la mayoría de los Estados miembros e incluso países terceros, por entender que resulta objetivo y transparente y da seguridad jurídica a su sector pesquero. Sería necesario por tanto, hacer un cambio en su planteamiento para establecerle en niveles de esfuerzo en lugar de cuotas o bien, hacer adaptarle a la situación actual para tener en cuenta la situación de las diferentes flotas, de las diferentes pesquerías, de los compromisos asumidos en materia de evitación de descartes y finalmente, de las nuevas obligaciones en materia de control pesquero.

En particular, por lo que se refiere a pesquerías mixtas, habría que seguir avanzando en la gestión de la actividad pesquera sobre la base de techos de esfuerzo pesquero, por ser un sistema objetivo, fácil de cuantificar y controlar y adaptado a la situación actual de las flotas. Al no tener las limitaciones que impone el sistema de TAC y cuotas, permitirá al sector declarar todas sus capturas sin el temor de ser sancionado, lo que aportará datos más fiables a los científicos para la evaluación de las pesquerías.

Este sistema de gestión de pesquerías basado en techos de esfuerzo podría resultar menos justificado en el caso de pesquerías en las que el esfuerzo que se realiza sobre las mismas no está tan directamente ligado a la potencia motora del buque y para las que habría que buscar otros elementos específicos de cuantificación de su presencia en el caladero y para las que es posible que las cuotas de pesca pudieran seguir siendo el mejor referente para una explotación sostenible de las mismas.

Queda claro, por tanto, que no hay soluciones únicas, que las pesquerías son muy variadas, tanto en el ámbito de los recursos que explotan, como en las áreas geográficas en las que se llevan a cabo y que todas estas particularidades deberán ser tenidas en cuenta en la nueva reformulación de la PCP.

Por otra parte, la gestión de las pesquerías por derechos de pesca (ITQ) podría ser una solución aceptable para las empresas pesqueras de mayor dimensión, ya que ello les daría un mayor nivel de seguridad a sus inversiones, que podría incluso superar el ámbito nacional y ampliarse a un entorno comunitario más amplio, con algunas salvaguardas lógicas.

Sin embargo este sistema no deberá aplicarse a las flotas costeras y artesanales por su enorme complejidad y por considerar además que en éstas debe primar más la vertiente social que la económica.

4.- Procedimiento de toma de decisiones y gobernanza de la PCP.

Otro aspecto que deberá abordarse en la reforma de la PCP deberá ser el nuevo marco de toma de decisiones derivado de la aplicación del Tratado de Lisboa.

En este sentido, el Libro Verde aporta algunas reflexiones sobre la conveniencia de cambiar el actual marco de toma de decisiones para darlas una mayor agilidad y mayor realidad y para lo que apunta la conveniencia de una mayor descentralización para que se tengan en cuenta las diferencias existentes entre las regiones pesqueras en la UE.

Considero que desde la última reforma de la PCP se han dado pasos importantes en materia de gobernanza, en particular con la creación de los Consejos Consultivos Regionales. Estos órganos de consulta llevan ya algunos años funcionando y hoy día nadie duda de su necesario papel de vertebrar al sector pesquero y a otros intereses en los planteamientos de la PCP.

Las modificaciones normativas introducidas respecto a la continuidad de su financiación han despejado la sombra que sobre ellos recaía de posible falta recursos económicos para su funcionamiento a medio plazo y hoy día, están realizando un trabajo de análisis y de fijación de posiciones ante propuestas comunitarias y de posicionamiento ante las mismas, que considero valioso y necesario.

Sin embargo, para que estos Consejos Consultivos Regionales puedan en el futuro adquirir una mayor participación en la toma de decisiones tendrían que introducirse cambios sustantivos en los mismos.

Así, habría que dar una mayor flexibilidad a sus órganos ejecutivos para que sean claramente representativos del sector pesquero y de otros intereses a los que representan. En este momento, una estructura única para todos ellos, sin tener en cuenta el número de Estados miembros que los componen ni las diferentes pesquerías e intereses que representan, supone una seria limitación a su capacidad para representar a todos lo estamentos regionales de la pesca en sus órganos de decisión.

También habría que modificar el papel que se otorga en los mismos a las administraciones pesqueras de los Estados miembros, así como al estamento científico. Su participación en calidad únicamente de observadores les confiere un papel apropiado a las circunstancias actuales, en las que los CCRs son sólo organismos de consulta de la Comisión, pero claramente insuficiente si se les pretende otorgar mayores competencias. En todo caso, en materia de toma de decisiones, el Consejo y el Parlamento Europeo deberán seguir siendo los órganos clave.

Por lo que se refiere a dar un mayor protagonismo al enfoque regional, señalar que esta opción ya existe y se ha venido aplicando en muchos casos, por razones de especificidad de las pesquerías en zonas geográficas concretas y en razón a estas características, parece razonable seguir teniendo en cuenta estos elementos en el futuro. Ahora bien, esta opción regional debe tener una justificación clara, ya que, de lo contrario, puede producir el efecto contrario al ver los problemas demasiado cercanos y faltos de perspectiva de conjunto. No debemos olvidar de que estamos hablando de la política común de pesca y de ahí, la necesidad de que las medidas tengan en cuenta las singularidades de las pesquerías, pero sólo hasta el punto en que se encuentre justificado.

5.- Aspectos estructurales.

La futura política estructural y de ayuda pública debe contemplarse teniendo en cuenta que el actual marco financiero en el que se soporta la PPC no es un fondo estructural, aunque funciona siguiendo los mecanismos de los fondos estructurales, siéndole de aplicación la normativa horizontal de gestión de estos fondos.

En esta situación, una evolución lógica sería la transformación en un verdadero fondo sectorial, tal como sucedía antes de la creación de los fondos estructurales.

La mecánica de los fondos estructurales aplicable al marco actual implica una rigidez innecesaria que impide su adaptación a los problemas reales del sector pesquero. Esto es evidente cuando se tratan temas como los de la Regla N+2, la financiación de las grandes empresas, la mecánica de los reembolsos, etc, cuya modificación requiere la modificación de las normas de todos los fondos estructurales, al constituir elementos de gestión común.

La escasa importancia financiera del FEP con respecto a los fondos estructurales hace que este fondo vaya siempre a remolque de las decisiones que se adoptan en los fondos estructurales, careciendo casi por completo de capacidad para influir en las decisiones que adoptan los fondos estructurales.

Uno de los aspectos más relevantes es el referido a la política de cohesión que implica la diferenciación del territorio comunitario en regiones de Convergencia y regiones de no Convergencia.

Desde nuestro punto de vista, se considera conveniente la eliminación de la diferencia entre Convergencia y no Convergencia. La distribución de los fondos en función del peso económico y la importancia social de la pesca en las diferentes regiones podría ser un criterio que permitiera una mayor adecuación de las ayudas a los objetivos de la PPC.

Asimismo, debe mantenerse una diferenciación por sectores. Para ello, el futuro marco financiero podría mantener intervalos de financiación, con un mínimo y un máximo de ayuda pública, dotándose así de la suficiente flexibilidad que permita a los Estados miembros orientar el destino de las ayudas.

En este sentido, debe señalarse que se coincide plenamente con el planteamiento del Libro Verde respecto de la necesidad de diseñar un marco de ayudas dotado de la suficiente flexibilidad que permita a la Comisión y los EEMM abordar con agilidad los nuevos desafíos que se presenten.

El futuro Fondo de Pesca podría basarse en los siguientes cuatro ejes:

Eje 1, Competitividad de las empresas del sector. Este eje estaría destinado a fomentar la competitividad de las empresas del sector extractivo, acuícola y de la comercialización y transformación

Eje 2, Medidas Medioambientales destinadas a la Sostenibilidad del Medio Marino. Se deberían contemplar estas medidas en el marco de la gestión de la política marítima integrada.

Eje 3, Desarrollo Sostenible de Zonas Dependientes de Pesca. Con la misma finalidad que en el actual FEP, deberían potenciarse las medidas socioeconómicas destinadas a garantizar la actividad pesquera en las zonas especialmente dependientes de la pesca.

Eje 4, Pesca Costera Artesanal. La importancia social de esta actividad aconseja definir un paquete de medidas específicas para garantizar su sostenibilidad.

Con respecto a la política estructural de la flota pesquera, España acoge con sumo interés las aportaciones del Libro Verde, en muchos de cuyos planteamientos coincidimos, y que han sido formulados bajo una óptica integral del sector:

- Que las flotas pesqueras aumenten su fortaleza económica y mejoren su competitividad, y que las empresas pesqueras extractivas sean capaces de amoldarse a los cambios que afectan al medio ambiente y a la situación de los mercados es un objetivo que desde esta administración entendemos prioritario.

Si bien es cierto que una de las principales deficiencias estructurales, el problema de exceso de capacidad de flota que el Libro Verde plantea, no es menos cierto que la situación de las distintas flotas bajo pabellón español tienen una situación muy diferente en razón de sus particularidades y las de los caladeros en los que desarrollan su actividad.

Es por ello por lo que planteamos, en primer lugar, la necesidad de acometer seria y pormenorizadamente un análisis de la situación de cada una de las flotas pesqueras, con objeto de proceder a la detección de los segmentos o modalidades de flota de los que se considera existe un exceso de capacidad.

En segundo lugar, debe estudiarse el establecimiento de planes de adaptación de la capacidad específicos en los casos necesarios, con la planificación de una serie de objetivos de adaptación respecto a la evaluación de de los recursos pesqueros.

En tercer lugar, resulta vital acometer esta tarea con la necesaria flexibilidad en la aplicación de los objetivos de adaptación a fin de respetar y ajustar la situación de cada una de las flotas afectadas, en coordinación con los planes de gestión y aprovechamiento de los recursos pertinentes, así como para hacer frente a las situaciones imprevistas que afectan a su rentabilidad.

El eje sobre el que debe fundamentarse este nuevo sistema deberá permitir abordar las deficiencias estructurales de la flota comunitaria que afectan a su viabilidad a largo plazo, no sólo en cuanto al ajuste de la capacidad si no también dando prioridad a las medidas de apoyo socioeconómico de los tripulantes y otros sectores afectados, además de tener en cuenta el desarrollo sostenible de las zonas costeras y al mantenimiento de la competitividad de la flota mediante el desarrollo tecnológico y la diversificación.

En este sentido, se propone un modelo de adaptación de las flotas basado en:

1. Análisis de situación y detección de los segmentos o modalidades de flota en los cuales se presenta un exceso de capacidad.

2. Establecimiento de planes de adaptación de la capacidad, en coordinación con los planes de gestión de los recursos.

3. Flexibilidad en la aplicación de los objetivos de adaptación respecto a la planificación de gestión del recurso.

4. Posibilidad de contemplar salidas de flota hacia países terceros con apoyo público, con objeto de renovar las flotas de las empresas mixtas, sin aumentar la capacidad de esos países.

5. Apoyo público a la modernización de los buques pesqueros en inversiones en los siguientes aspectos:

a) Innovación tecnológica en los buques.

b) Inversiones con objeto de mejorar:

• La seguridad a bordo

• Las condiciones de trabajo

• La higiene y la calidad de los productos

• El rendimiento energético

• La mejora ambiental

• La selectividad de las artes

• Recogida de los residuos sólidos y efluentes para un mejor aprovechamiento de subproductos.

Esta política de apoyo de la mejora de la competitividad y selectividad de las flotas, permitirá acometer con éxito las deficiencias de carácter estructural de la flota pesquera, que afecten a su viabilidad a largo plazo, en el previsible escenario económico de los próximos años, todo ello bajo el compromiso de no incrementar la capacidad pesquera de nuestra flota.

En este apartado no quiero dejar de mencionar además nuestro apoyo firme y decidido a que las ayudas públicas se extiendan a colectivos que hoy se encuentran excluidos, como son las mariscadoras, las almadrabas o algunos subsectores directamente implicados en la actividad pesqueros como son los rederos.

Somos conocedores del apoyo que la Comisión Europea está prestando a estas iniciativas, pero no está de más recordarlo la necesidad de su próxima adopción en cada ocasión que tengamos.

Para terminar con las cuestiones relativas al sector a la flota pesquera deseo realizar una mención específica a la pesca costera artesanal, la cual consideramos como un componente imprescindible para una visión integral del sector extractivo.

Y esa visión, desde nuestra perspectiva, debe contemplar entre otros, los sistemas de gestión específicos, la defensa de las zonas costeras dependientes, la comercialización y la transformación de sus productos, la incorporación de los jóvenes al sector y por tanto su formación y capacitación, e indudablemente el mantenimiento de unas condiciones adecuadas y saludables en el ejercicio profesional de la actividad pesquera, con las garantías de la máxima seguridad a bordo de los buques.

6.- Comercio y mercado de los productos de la pesca.

Sobre la base de las conclusiones del informe de evaluación presentado por la Comisión en 2006 y el último estudio de impacto encargado a un consultor externo, se considera que los principales aspectos que necesitan ser tenidos en cuenta en el marco de la reforma de la OCM, serían los siguientes:

- Incremento de la ficha presupuestaria, con objeto de cubrir las necesidades del mercado y las ayudas a las OO.PP.

- Fijación de normas de comercialización para todos los productos frescos contemplados en el Reglamento, incluidos los productos procedentes de la acuicultura, así como para las especies de nueva incorporación a los Anexos del Reglamento.

- Definir y desarrollar un sistema de trazabilidad para los productos procedentes de la pesca y de la acuicultura, a través de un código de barras que recoja todos los procesos la primera venta hasta la venta al consumidor final.

- Incremento del apoyo a las Organizaciones de Productores pesqueros mediante:

a) El incremento de las ayudas a su constitución y funcionamiento, pasando de tres a cinco años.

b) El mantenimiento, potenciación y simplificación de la extensión de normas a los no miembros.

c) El mantenimiento, de forma indefinida, de las ayudas derivadas de la presentación de los Programas Operativos de campaña, a través del FEP.

d) La ampliación de los Programas Operativos de campaña a las OO.PP. de congelados.

e) Unos mayores incentivos a los Planes de mejora de la calidad de las OO.PP., pasando de 3 a 5 años, y haciéndolos extensivos a las OO.PP. de congelados.

f) La dotación de un capítulo presupuestario a la constitución y funcionamiento de las OO.PP. transnacionales y a las Organizaciones Interprofesionales.

En cuanto a los precios y medidas de intervención parece necesario que la nueva reforma de la PCP incorpore modificaciones en los cálculos de precios de orientación, se incorporen especies en fresco y congelado que puedan presentar distorsiones, se incluyan los productos de la acuicultura en las medidas de intervención de aplazamiento o almacenamiento y se mantenga y mejore la indemnización compensatoria de los atunes destinados a la transformación.

Respecto de los intercambios comerciales con terceros países en los que España se muestra favorable a su desarrollo, deberán respetarse los principios de la Organización Mundial de Comercio, pero a su vez contemplándose mecanismos de salvaguarda y normas de higiene y sanidad que mantengan la competitividad de nuestra industria conservera y nuestra producción extractiva.

Por último, la defensa y la información del consumidor deben estar contempladas en esta reforma, mejorándose las acciones de información, promoción y trazabilidad.

7.- Aspectos sociales.

Con respecto a otras cuestiones surgidas de la consulta del Libro Verde, destacar la dimensión social de la PCP y en este sentido, la conveniencia de buscar fórmulas que faciliten el diálogo social, el establecimiento de incentivos para la incorporación de los jóvenes al sector, o la necesidad de velar por el mantenimiento de unas condiciones seguras a bordo de los buques, deberían ser otros aspectos que deberían examinarse al tiempo que se lleva a cabo la reforma de la PCP.

8.- La Acuicultura.

El continuo aumento de la demanda de productos pesqueros a nivel mundial, claramente por encima de las posibilidades de explotación de los mares, permite predecir que la acuicultura deberá convertirse en la respuesta a dicha demanda.

En este sentido, desde la Administración pesquera española se apuesta por una acuicultura bien planificada, responsable, sostenible y cuidadosa con el medio ambiente, que garantiza a los consumidores unos productos de alto nivel, sanos y seguros.

La Comisión ha presentado recientemente su estrategia en esta materia mediante una comunicación dirigida al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el futuro de la acuicultura que se enmarca en tres ejes, fomento de la competitividad, crecimiento sostenible y mejora de la imagen y la gobernanza.

Para asegurar el desarrollo equilibrado de la acuicultura junto con los otros sectores pesqueros y garantizar el papel que debe jugar en el futuro, la acuicultura debe integrarse plenamente en la futura Política Pesquera Común, constituyendo uno de los pilares fundamentales de la misma.

En este sentido, es necesario desarrollar las medidas necesarias para que la acuicultura se integre en la Organización Común del Mercado con el mismo nivel de exigencia y detalle que los productos procedentes de la pesca extractiva.

9.- Vertiente externa de la PCP.

La vertiente externa de la PCP tiene una gran importancia en el contexto comunitario e igualmente para España y parece que el Libro Verde no le da la importancia y el carácter que debiera.

Esta dimensión externa deberá basarse en los principios de sosteniblidad y responsabilidad y los elementos con los que deberemos seguir contando para ella deberán seguir siendo las Organizaciones Regionales de Pesca en aguas internacionales y los Acuerdos de Partenariado en aguas de países terceros, defendiendo la actividad pesquera responsable y sostenible de la flota comunitaria y reforzando el asesoramiento científico para que este planteamiento sea una realidad, pero habría que añadir de forma clara la necesidad de mantener a nivel internacional la presencia de la flota comunitaria.

Con vistas a la reforma de la PCP, habrá que seguir avanzando en la consolidación de las ORP, reforzando sus decisiones científicas, apoyando sus propuestas, consiguiendo un amplio consenso y finalmente, velando por su aplicación efectiva. En este ámbito, deberá reforzarse el papel de organismos internacionales tales como la ONU, FAO y ORPs para que establezcan un marco de actuación homogéneo y coherente a nivel internacional, dotándoles además de mecanismos de seguimiento y vigilancia.


Por lo que se refiere a los Acuerdos de Partenariado, considero que éstos deberán seguir siendo marcos estables y duraderos tanto para el país tercero en cuestión como para la flota comunitaria que faena a su amparo, permitiendo el acceso a un recurso pesquero y que además se complementen con medidas de cooperación, que resulten transparentes tanto para el país tercero en cuestión como para la UE. El refuerzo de las medidas de seguimiento y vigilancia también aquí serán claves para dar seguridades a ambas partes y garantizar el cumplimiento de las medidas contempladas en los diferentes acuerdos.

10.- Estado de los trabajos.

En la Reunión Informal de Ministros de Pesca celebrada los primeros días de este mes en Vigo, bajo presidencia española, se ha profundizado en cuatro aspectos de mayor relieve con vistas a la reforma, a saber, gobernanza, gestión de los recursos pesqueros, pesca costera y artesanal y vertiente externa.

Como resultado de esta reunión, se ha puesto de manifiesto el interés de todas las delegaciones en hacer una pesca sostenible para la próxima década, si bien existen posiciones diferentes en cuanto a los mecanismos de aplicación para conseguir este objetivo. Los próximos meses tendrán una importancia capital pues en los mismos se empezarán a abordar aspectos más concretos de la reforma.

Bruselas, 1 de junio de 2010